Ex empleado demanda a Google y lo acusa de usar software de espionaje

Google al parecer tendría algunas serias prácticas de intervención sobre la privacidad de sus empleados.

Google nunca se ha distinguido por ser una compañía transparente e inofensiva en lo que respecta al cuidado de la privacidad de sus usuarios. Sin embargo, parece que con sus empleados el grado de intervención y espionaje es todavía más serio. Al menos así lo asegura un antiguo trabajador de la compañía que ahora los está demandando por esta clase de prácticas laborales.

De acuerdo con un reportaje de The Information, un ex jefe de producto de Google ha presentado ante un tribunal de California una demanda laboral contra Google, argumentando que la empresa utilizaba una clase particular de software espía para monitorear absolutamente todas sus actividades durante su horario de trabajo, algo que pondría en tela de juicio el respeto a la privacidad de sus trabajadores.

(C) Return of Kings (C) Return of Kings
 
Pero eso no es todo, ya que el demandante, que se mantiene anónimo, también asegura que la gente de Google habría habilitado un sitio web dedicado exclusivamente a que los empleados se acusen entre sí, en caso de sospechar de alguna práctica que pudiera derivar en una fuga de información confidencial que pudiese afectar a la empresa.

El ex jefe de producto asegura que fue despedido luego de publicar a través de su Facebook personal una dura crítica sobre las condiciones laborales para los empleados de la división de Nest. Lo que alimenta de manera indirecta su afirmación sobre la intervención de sus comunicaciones, aunque la lista de tropelías es larga.

La demanda asegura que Google impone algunas clausulas controvertidas a sus empleados, como la prohibición de publicar materiales editoriales durante su estadía en la compañía o la imposibilidad de discutir entre empleados o con medios sobre sus condiciones de trabajo y salario; así como una absoluta intolerancia a las críticas en contra de la empresa.

Si Google pierde esta demanda se podría ver obligada a desembolsar hasta USD $3.800 millones.

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